Este miércoles, Estados Unidos presentó una demanda por monopolio contra Facebook, a través de la cual se le acusa de mantener «ilegalmente» su posición de «monopolio» en el sector de las redes sociales.
La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés), acusó a la compañía de Zuckerberg de una serie de conductas anticompetitivas, que incluyen la compra de Instagram y WhatsApp en 2012 y 2014, respectivamente.
La FTC solicitó que se obligue a la red social a desinvertir activos o realizar reestructuraciones de su negocio, en especial en relación con ambas redes sociales.
De acuerdo con la coalición de fiscales de 46 estados del país, las acciones de Facebook de atrincherarse y mantener su monopolio niega a los consumidores el beneficio de la competencia.
La respuesta de Facebook
Ante esta acusación, Facebook señaló que las demandas adoptan una «visión miope y errónea de la competencia» y que «malinterpretan el panorama publicitario«.
Además, que las adquisiciones de Instagram y WhatsApp fueron revisadas por los reguladores antimonopolio relevantes en ese momento y no la consideraron como una amenaza a la competencia.
«Ambas adquisiciones fueron revisadas por los reguladores antimonopolio relevantes en ese momento. La FTC llevó a cabo una «Segunda solicitud» en profundidad de la transacción de Instagram en 2012 antes de votar por unanimidad para borrarla«, señaló Jennifer Newstead, vicepresidenta y asesora jurídica de Facebook.
«La Comisión Europea revisó la transacción de WhatsApp en 2014 y no encontró ningún riesgo de dañar la competencia en ningún mercado potencial. Los reguladores permitieron correctamente que estos acuerdos avanzaran porque no amenazaban la competencia«, añadió.
Newstead también destacó que la transacción de Instagram no hizo que ningún mercado fuera menos competitivo, y que volvió a la red social más «confiable«, y en el caso de WhatsApp, de que fuera gratuito para todo el mundo, agregándole funciones «valiosas«.
Asimismo, señaló que esta demanda corre el riesgo de «sembrar dudas e incertidumbre sobre el proceso de revisión de fusiones del propio gobierno de EE. UU.«.
A la vez, que «castigaría a las empresas por proteger su inversión y tecnología del aprovechamiento gratuito de quienes no pagaron por la innovación, lo que reduciría la probabilidad de que esas empresas a largo plazo pongan sus plataformas a disposición para estimular el crecimiento de nuevos productos y servicios«.
